La investigación ya no gira únicamente alrededor de audios y reuniones. Gira alrededor del dinero. Informes de la UCO, documentación incautada en Ferraz y declaraciones ante la Audiencia Nacional permiten reconstruir quién daba la orden, quién liberaba los pagos y qué intermediarios aparecen entre el PSOE y Leire Díez. Lo que todavía debe resolver el juez es si esa financiación pagaba trabajos profesionales reales o una operación destinada a interferir en causas judiciales.
MADRID · 13 SEP 2026 — EL ESTÁNDAR
Primera pregunta: ¿quién autorizaba?
El 9 de septiembre, Ana María Fuentes entró en la Audiencia Nacional como gerente del PSOE y como investigada en el caso Leire.
Su declaración colocó la responsabilidad operativa de los encargos en una persona concreta: Santos Cerdán.
Según las fuentes jurídicas recogidas por EFE, Fuentes explicó que el entonces secretario de Organización decidía la contratación de los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo. Ella comprobaba que existiera capacidad presupuestaria. Después, cuando llegaba la factura, preguntaba a quien había realizado el encargo —Cerdán— si el servicio había sido prestado. Con su confirmación, Gerencia liberaba el pago.
Es una distinción importante. Fuentes no afirma que Cerdán ejecutara materialmente la transferencia. Afirma que era quien decidía el encargo y validaba el trabajo que permitía pagar.
Dos empleadas del partido habían dibujado en julio un mecanismo parecido con los viajes de Leire Díez: Cerdán daba el visto bueno, ellas gestionaban el billete con la agencia habitual y Díez recibía la reserva.
La UCO llega a la misma conclusión por otra vía
Los investigadores habían colocado antes a Cerdán en ese mismo punto de la cadena.
En junio, la UCO escribió que todos los pagos de los que había podido obtener elementos fueron ‘autorizados u ordenados’ por el entonces secretario de Organización.
En relación con los viajes, la Guardia Civil sostiene que Cerdán dio una instrucción verbal para que cualquier desplazamiento solicitado por Díez se considerase autorizado.
En relación con Jacobo Teijelo, los agentes atribuyen también a Cerdán la iniciativa de contratarlo y la supervisión y control de la prestación.
Testimonios y documentos convergen, por tanto, en una conclusión provisional: el cuello de botella de la autorización no aparece en la Gerencia ni en las secretarias. Aparece en la Secretaría de Organización de Santos Cerdán.
Segunda pregunta: ¿quién pagó?
La respuesta policial es especialmente incómoda para el partido.
La UCO sostiene que el origen económico de los pagos y de las necesidades logísticas de la presunta estructura fue el PSOE.
Eso no significa que cada euro saliera directamente de una cuenta del partido hacia Leire Díez. Precisamente una de las líneas centrales de investigación es la existencia de intermediarios.
La Guardia Civil cifra en al menos 43.225 euros las cantidades que considera que llegaron a Díez con origen en Ferraz a través de dos circuitos distintos.
Primer circuito: 16.000 euros a través de la consultora de Gaspar Zarrías
El primer recorrido es relativamente sencillo.
La mercantil Zaño Sociedad Consultora, gestionada por el exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, realizó cuatro transferencias de 4.000 euros a Leire Díez.
Total: 16.000 euros.
La UCO concluye que esos pagos ‘habrían sido realmente un método’ para que Díez recibiera cantidades cuyo origen era el PSOE.
Zarrías mantiene una explicación diferente: ha sostenido que contrató a Díez para investigar si José Manuel Villarejo estaba detrás del origen del caso de los ERE, procedimiento por el que el propio Zarrías había sido condenado inicialmente.
Por tanto, el flujo económico existe. Lo que sigue en disputa es su causa real.
Segundo circuito: 27.225 euros y dos sociedades de Ismael Oliver
El segundo recorrido resulta más llamativo por su simetría.
El 24 de enero de 2025, Estudio Jurídico Oliver & Partners facturó 27.225 euros al PSOE. Cuatro días después, Leire Díez recibió esa misma cantidad desde otra sociedad vinculada al abogado, Oliver Gruppe.
La UCO incorpora además conversaciones sobre cómo facturar, qué concepto utilizar y cómo evitar vincular unas sociedades con otras.
Los investigadores interpretan la secuencia como un mecanismo para hacer llegar fondos del PSOE a Díez y romper su trazabilidad.
Oliver lo niega. En su declaración de septiembre sostuvo que el PSOE le pagó por asesoría jurídica vinculada a las comisiones parlamentarias sobre la Operación Cataluña y que el pago idéntico a Díez correspondía a un asunto privado distinto: una propuesta para borrar la huella digital de Nervis Villalobos, exviceministro venezolano y cliente suyo.
Según su versión, ese segundo servicio ni siquiera llegó a ejecutarse y el dinero no fue reclamado de vuelta.
Una misma cifra. Dos contratos alegados. Dos interpretaciones completamente enfrentadas.
Seis viajes: la financiación no era sólo honorarios
La ruta del dinero no termina en las transferencias.
La UCO ha confirmado que el PSOE sufragó seis viajes de Leire Díez entre abril y agosto de 2024, la mayoría de ida y vuelta.
El último identificado por EFE fue para una reunión con José Manuel Villarejo, a quien Díez habría tratado de ofrecer un pacto a cambio de información.
Las secretarias del PSOE han explicado que Cerdán daba la orden y ellas compraban los billetes a través de la agencia habitual del partido.
La Guardia Civil menciona además otros gastos de logística o alquiler de vehículos cuya cuantía total todavía no ha podido calcular.
Este punto importa porque convierte el expediente en algo más amplio que una discusión sobre facturas de abogados: también existía soporte operativo.
Teijelo: 125.000 euros pagados, 53.000 que no deben contarse
El tercer gran bloque económico corresponde a Jacobo Teijelo, abogado que posteriormente asumió la defensa de Santos Cerdán en otra causa.
El PSOE le abonó tres facturas por un total de 125.000 euros. La documentación incorporada al expediente formalizaba la relación mediante una nota de encargo y la UCO atribuye a Cerdán la iniciativa de la contratación.
Teijelo sostiene que realizó análisis jurídicos y estratégicos sobre causas sensibles y niega de manera tajante haber canalizado dinero hacia Leire Díez.
Existe además un segundo paquete de dos facturas por 53.000 euros. Este número ha aparecido repetidamente en titulares, pero no debe sumarse a lo pagado.
El PSOE aportó un burofax y documentación según la cual rechazó abonar esas facturas después de que Cerdán dejara la Secretaría de Organización y Teijelo pasara a defenderlo personalmente. El propio abogado reconoce que quedaron pendientes.
Por tanto: 125.000 euros pagados. 53.000 euros facturados pero, con la evidencia pública disponible, no abonados.
Tercera pregunta: ¿para qué?
Ésta es la frontera entre una controversia contable y una causa penal.
La versión policial y judicial sostiene que Cerdán y Díez habrían dirigido una estructura destinada a proteger intereses afectados por procedimientos judiciales relacionados con el PSOE, el Gobierno o personas de su entorno.
En los informes aparecen líneas para obtener información sobre investigadores, desacreditar a miembros de la UCO, contactar con personas vinculadas a causas sensibles y buscar elementos capaces de alterar o neutralizar investigaciones.
El juez ha considerado que determinadas notas de encargo podían servir de soporte documental aparente a pagos cuyo destino real era distinto.
Pero ‘podían’ es la palabra que mantiene abierta la causa.
Los abogados investigados sostienen que realizaron trabajos jurídicos reales. Zarrías atribuye sus pagos a una investigación propia. Cerdán niega haber organizado una trama o utilizado fondos del partido para chantajes o actuaciones ilegales.
El tribunal tendrá que convertir una de esas narrativas en hechos probados o descartar ambas parcial o totalmente.
El PSOE: origen de fondos no equivale todavía a responsabilidad penal del partido
Hay otra diferencia que conviene mantener.
Que el PSOE figure como origen económico de fondos no convierte automáticamente a toda la organización en responsable de la finalidad que los investigadores atribuyen a los pagos.
El partido sostiene que los contratos formalizados tenían objetos ordinarios —asesoría jurídica o consultoría— y que la Secretaría de Organización podía encargar esos servicios sin autorización adicional de la Ejecutiva Federal o del secretario general.
Rebeca Torró ha defendido que las actuaciones bajo sospecha serían conductas individuales de Cerdán y ha negado que el resto de la Ejecutiva conociera una actividad ilícita.
La gerente Fuentes también ha afirmado que no conocía a Leire Díez y que su papel era presupuestario y administrativo.
Esas afirmaciones forman parte de la defensa institucional y tendrán que contrastarse con el resultado del rastreo financiero y con el resto de prueba.
Pedro Sánchez: el límite probatorio que no debe saltarse
El caso toca inevitablemente al PSOE y al Gobierno porque la finalidad que investiga la UCO incluye causas con impacto político sobre ambos.
Pero la evidencia pública localizada hasta ahora no permite afirmar que Pedro Sánchez ordenara, autorizara o conociera los pagos concretos a Leire Díez o a los abogados investigados.
El propio PSOE sostiene que este tipo de gasto ordinario no necesitaba aprobación de la Secretaría General.
Eso no impide preguntar políticamente qué controles internos existían, por qué una Secretaría de Organización podía movilizar recursos de esa manera o qué sabía la dirección del partido sobre las actividades de Díez.
Pero una pregunta política no puede convertirse en una imputación penal sin prueba.
El artículo mantiene ese límite.
81 cuentas: ahora habla el banco
El siguiente salto de la causa ya no depende exclusivamente de testimonios.
Santiago Pedraz ha ordenado rastrear hasta 81 cuentas bancarias.
Varias están vinculadas al PSOE; otras, a Gaspar Zarrías y a los abogados investigados.
El juez abrió una pieza económica separada por la sensibilidad de los datos y autorizó requerimientos para conocer movimientos y saldos desde 2024.
La finalidad es explícita: comprobar si los cruces entre cuentas permiten esclarecer pagos sospechados pero todavía no acreditados.
Si aparecen nuevos recorridos PSOE → intermediario → beneficiario, el perímetro económico crecerá. Si no aparecen, parte de la hipótesis policial tendrá que estrecharse.
INTELIGENCIA / INVESTIGACIÓN FORTIS
FORTIS separa el expediente en cuatro capas.
CAPA 1 — AUTORIZACIÓN: testimonios internos, documentación y UCO sitúan a Cerdán como origen de instrucciones de viajes y contrataciones.
CAPA 2 — EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA: secretarias, agencia de viajes y Gerencia convierten esas órdenes en billetes, notas de encargo y pagos.
CAPA 3 — INTERMEDIACIÓN: Zaño/Zarrías y sociedades de Oliver aparecen como puentes económicos hacia Leire Díez; Teijelo aparece como proveedor jurídico bajo investigación, pero no consta que transfiriera fondos a Díez.
CAPA 4 — FINALIDAD: es la capa todavía en disputa. UCO/juez sospechan financiación de maniobras para interferir en causas; las defensas alegan asesorías y servicios profesionales legítimos o independientes.
El expediente tiene hoy una cadena de dinero mucho más cerrada que una cadena de finalidad. El banco puede terminar uniendo ambas.
Conclusión: ya sabemos bastante sobre quién y cuánto; falta probar el para qué
El caso Leire ha pasado de los audios a la contabilidad.
Sabemos que existen pagos del PSOE. Sabemos que la UCO atribuye al partido el origen de 43.225 euros recibidos por Díez. Sabemos que hubo viajes pagados. Sabemos que Cerdán aparece señalado por investigadores, testigos y la gerente como la persona que daba el visto bueno a gastos y contrataciones.
También sabemos lo que todavía no se puede escribir como hecho: que cada pago financiara un delito, que cada asesoría fuera ficticia o que la dirección completa del PSOE conociera la finalidad investigada.
El siguiente documento decisivo será bancario, contractual o judicial.
Porque la pregunta ‘quién pagó’ está mucho más cerca de una respuesta.
La pregunta ‘para qué’ todavía está delante del juez.
