Pedro Sánchez ha decidido contestar en primera persona a una de las acusaciones más graves que puede recibir un presidente del Gobierno: que su margen de decisión esté condicionado por una potencia extranjera. Este miércoles, durante la sesión de control en el Congreso, el jefe del Ejecutivo rechazó las acusaciones de Santiago Abascal y sostuvo que su Gobierno no acepta el chantaje de ningún partido, ningún país ni ningún poder. Después resumió su defensa en una frase diseñada para quedarse en el ciclo político del día: «Yo seré un perro, pero no tengo amo».
La respuesta llegó después de semanas en las que Marruecos ha vuelto al centro de la política española por la crisis de Ceuta del 30 y 31 de julio. Alberto Núñez Feijóo acusó hoy a Sánchez de no ser «un presidente libre» y llegó a advertirle de que, si Marruecos «canta», su posición política se derrumba. Abascal elevó todavía más el tono al plantear un supuesto chantaje relacionado con información sobre el presidente, su familia o su Gobierno. Ninguna de esas afirmaciones constituye hoy un hecho probado. Son posiciones políticas de la oposición y deben tratarse periodísticamente como tales.
Pero que la acusación no esté probada no significa que la relación política entre el PSOE y actores marroquíes deba reducirse a un eslogan. El archivo disponible permite reconstruir una historia mucho más concreta: el Partido Socialista español mantiene desde hace décadas una relación formal con la Unión Socialista de Fuerzas Populares de Marruecos, el USFP. Esa relación es verificable, tuvo convenios de cooperación, reuniones regulares y continuidad entre distintas direcciones. Y el propio USFP mantiene posiciones territoriales sobre España que obligan a examinar ese canal con especial atención, precisamente sin confundir la agenda de una de las partes con la aceptación de la otra.
El dato incómodo no es el chantaje: es que el canal existe
El Estándar publicó el 8 de septiembre la reconstrucción documental del canal PSOE-USFP. En marzo de 2001, el VI Congreso del partido marroquí había aprobado una orientación política que reclamaba llevar la cuestión de Ceuta, Melilla y Chafarinas a los partidos socialistas europeos y mencionaba expresamente al PSOE como interlocutor prioritario. Nueve meses después, durante la visita de José Luis Rodríguez Zapatero a Rabat, ambas formaciones firmaron un convenio de cooperación.
La importancia de esa secuencia está en lo que demuestra y también en lo que no demuestra. Prueba que el USFP quería utilizar su interlocución socialista para defender una posición territorial marroquí y prueba que PSOE y USFP establecieron un canal formal. No prueba que el PSOE aceptara esa reivindicación, ni que Ceuta y Melilla fueran incorporadas al convenio firmado, cuyo texto íntegro de 2001 todavía no ha sido recuperado públicamente.
La relación, además, no desapareció con aquel episodio. El archivo del propio PSOE conserva referencias a la USFP como «partido hermano», reuniones sobre el Sáhara y cooperación en el marco de la Internacional Socialista. En 2012, Alfredo Pérez Rubalcaba defendió públicamente la continuidad de esa colaboración. La Fundación Pablo Iglesias participó en el congreso del USFP de 2017. Y la estructura española de la organización marroquí pidió el voto para el PSOE en citas electorales de 2019 y 2023. Nuevamente, esto documenta proximidad partidista; no una cadena de mando del Estado marroquí.
La posición actual del USFP sobre Ceuta y Melilla sigue publicada
Hay un elemento que convierte el archivo histórico en un asunto plenamente actual. En su página oficial de «Principios y objetivos», el USFP mantiene una definición de integridad territorial que incluye la pretensión de liberar las «ciudades e islas ocupadas»: Ceuta, Melilla y las Islas Canarias. Es una fuente primaria del propio partido y, por tanto, no admite discusión sobre qué posición oficial expresa el USFP.
Ese documento tampoco permite trasladar automáticamente la posición al PSOE. Una alianza o convenio de cooperación entre partidos no significa que ambas organizaciones compartan todos sus programas, y menos una reivindicación territorial que afecta directamente a la soberanía española. El Gobierno de España, de hecho, ha defendido públicamente la vigencia e integridad de los acuerdos bilaterales que fijan las fronteras y sostiene la españolidad de Ceuta y Melilla.
La pregunta legítima no es, por tanto, si el USFP reivindica Ceuta y Melilla: lo hace y lo publica. La pregunta es qué tratamiento ha dado el PSOE a esa discrepancia dentro de una relación política que ha continuado durante años. Para responder con certeza hacen falta textos de los convenios, actas, correspondencia y mecanismos concretos de consulta. Sin esos documentos, cualquier afirmación de aceptación territorial española sería una extrapolación.
El convenio de Cerdán de 2019: una pieza que todavía falta
El punto documental más relevante aparece en la comparecencia de Santos Cerdán ante la comisión del Senado del 17 de diciembre de 2025. Preguntado por su presencia en el viaje oficial que José Luis Ábalos realizó a Marruecos en enero de 2019, el exsecretario de Organización del PSOE respondió que su función había sido negociar un convenio con el «Partido Socialista de Marruecos» y añadió que estaba firmado. Cuando se le preguntó si podía facilitarse, contestó que podía verse y que estaba en el partido.
La transcripción oficial del Senado deja constancia de esas palabras. El problema comienza cuando se cruza esa explicación con una fuente primaria del propio USFP. El 29 de julio de 2019, seis meses después del viaje, la organización marroquí publicó una nota sobre una reunión de Driss Lachgar con José Luis Ábalos. Según esa nota, ambos hablaron de las relaciones históricas PSOE-USFP y de la «renovación del antiguo acuerdo» entre los dos partidos.
La coexistencia de las dos referencias no permite concluir que Cerdán mintiera. Es posible que en enero negociara o firmara un documento distinto, un protocolo, un acuerdo preliminar o incluso un convenio con otra denominación; también es posible que el texto requiriera una renovación posterior. Sin la copia que Cerdán dijo que estaba en el partido, ninguna de esas hipótesis puede resolverse.
Lo que sí existe es una inconsistencia documental que merece explicación: si en enero de 2019 se negoció y firmó un nuevo convenio, ¿por qué en julio el USFP seguía describiendo la relación en términos de renovación del acuerdo antiguo? Esa pregunta es periodísticamente suficiente. No necesita convertirse en una acusación de falsedad.
El acuerdo de 2022 y una relación que no era simbólica
El archivo de El Estándar incorpora además un acuerdo posterior PSOE-USFP fechado el 29 de noviembre de 2022 y firmado por Driss Lachgar y Santos Cerdán. La documentación ya auditada por este medio describe una vigencia nominal de diez años, consultas regulares, coordinación sobre posiciones internacionales, interlocución entre estructuras territoriales y sectoriales y la previsión de una comisión conjunta y un plan de acción.
Ese documento refuerza una conclusión concreta: la relación no era meramente ceremonial ni una sucesión de fotografías. Existía una arquitectura de cooperación partidista. Pero incluso una cooperación estructurada no acredita subordinación. El dato que faltaría para dar ese salto sería una instrucción, contraprestación, condicionamiento, amenaza o decisión demostrable en la que una parte impusiera su voluntad a la otra. El archivo actualmente disponible no contiene esa prueba.
El 30-J: donde termina la política y empieza la prueba penal
La crisis de Ceuta ha convertido esta relación histórica en material político de primera línea, pero también ha aumentado el riesgo de mezclar hechos de naturaleza distinta. El Gobierno sostiene que, a día de hoy, ningún organismo le ha entregado evidencias sólidas de que el Gobierno de Marruecos planificara o ejecutara el episodio del 30 y 31 de julio. Sánchez reiteró esa posición el 3 de septiembre y hoy ha anunciado la publicación de los informes elaborados por fuerzas de seguridad, inteligencia y Fuerzas Armadas durante el periodo de la crisis.
En paralelo, un informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía y remitido a la Audiencia Nacional describe, según el contenido al que tuvo acceso RTVE, una operación planificada y actuaciones de «guiado activo» por gendarmes marroquíes y agentes de paisano. El director general de la Policía ha sostenido, sin embargo, que no existe un informe que atribuya a Marruecos la planificación o ejecución en el sentido que se le ha dado públicamente.
La tensión entre esas dos descripciones debe resolverse leyendo el documento completo, sus anexos y la cadena de atribución que establezca la investigación judicial. La presencia o actuación de agentes marroquíes sobre el terreno puede ser un hecho investigable de enorme gravedad. Aun así, no permite por sí sola identificar quién dio una orden, qué nivel de la estructura estatal conocía la operación o si existió una dirección política desde Rabat.
Y, sobre todo, nada en ese expediente conecta de manera probada el 30-J con el canal PSOE-USFP. La relación partidista constituye contexto político e histórico; la autoría de una operación de presión fronteriza exige evidencia operativa, comunicaciones, órdenes, financiación, cadena de mando o resoluciones judiciales. Son estándares probatorios distintos.
Kenitra, Acciona y la otra razón por la que 2019 importa
El viaje de enero de 2019 tiene además una segunda dimensión porque aparece en la investigación de la Guardia Civil sobre las relaciones entre Cerdán, Koldo García, Ábalos, Acciona y Servinabar. La UCO ha analizado comunicaciones y movimientos relacionados con el proyecto del puerto industrial de Kenitra y el interés que mostraba Cerdán por incorporarse a la delegación oficial.
Cerdán ha negado que su finalidad fuera obtener comisiones y defendió en el Senado que viajó para negociar el convenio partidista. Esa explicación y la hipótesis policial forman parte de un procedimiento distinto del debate sobre la dependencia política de Sánchez respecto de Marruecos. Utilizar una investigación de corrupción todavía en desarrollo como prueba de un supuesto chantaje internacional sería un salto que el expediente no sostiene.
Lo que sí vuelve relevante la documentación es la mezcla de planos en aquel viaje: una delegación gubernamental, un dirigente orgánico del PSOE, contactos con autoridades marroquíes, intereses empresariales investigados y una explicación posterior basada en un acuerdo partidista cuya copia pública continúa ausente. Ahí hay un problema de transparencia documental perfectamente publicable sin atribuir delitos no probados.
«No tengo amo»: qué responde la frase y qué no responde
La frase de Sánchez responde directamente a la acusación política de chantaje. En ausencia de pruebas de una amenaza, una contraprestación o una dependencia impuesta por Marruecos, no hay base para publicar que el presidente tenga un «amo». El estándar jurídico y periodístico no puede depender de la intensidad del enfrentamiento parlamentario.
Pero la negación presidencial tampoco elimina la necesidad de escrutar una relación partidista históricamente densa con una organización marroquí que mantiene reivindicaciones territoriales sobre España. Lo relevante no es demonizar la cooperación entre partidos -una práctica habitual en familias políticas internacionales-, sino saber qué se acordó, qué mecanismos se activaron, qué documentos siguen vigentes y cómo se gestionaron los conflictos de interés político entre ambas organizaciones.
El archivo actual permite afirmar cuatro cosas con seguridad. Primero, PSOE y USFP construyeron y mantuvieron un canal formal. Segundo, el USFP ha querido utilizar ese canal para defender posiciones propias, incluidas reivindicaciones territoriales. Tercero, no hay prueba pública de que el PSOE haya aceptado esas reivindicaciones. Cuarto, existe al menos una pieza documental pendiente -el convenio que Cerdán situó en 2019- cuya aparición podría aclarar una parte importante de la historia.
Ésa es la frontera que separa una investigación de una acusación. El Estándar puede reconstruir quién habló con quién, cuándo, bajo qué acuerdos y con qué posiciones declaradas. Lo que no puede hacer es sustituir el documento que falta por una conclusión políticamente conveniente.
