Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre José Luis Rodríguez Zapatero.
El juzgado 16 de Madrid busca el origen de la difusión de conversaciones y agendas del sumario de Plus Ultra. El expresidente sigue investigado por presunto tráfico de influencias en una causa distinta.
Según El Debate, una testigo vincula las joyas de Zapatero con una supuesta comisión del 2,5 % del AVE saudí. La defensa sostiene que fueron un regalo de 2007.
Documentos oficiales, informes policiales y nuevas diligencias permiten examinar las relaciones entre capital, consultoría política, Marruecos y el 29N sin atribuir una trama común no demostrada.
Investigación especial de El Estándar sobre ocho años de Pedro Sánchez: corrupción, causas judiciales, vivienda, COVID-19, La Palma, DANA, Adamuz, Ceuta, gestión de crisis y la decisión de llevar a España a elecciones el 29 de noviembre.
Dos exdirectivos de Plus Ultra han ratificado ante el juez que la aerolínea asumió una comisión del 1% ligada al rescate de 53 millones. Ninguno ha identificado todavía una gestión concreta de José Luis Rodríguez Zapatero ante la SEPI. El Estándar reconstruye los pagos, las 36 facturas, Análisis Relevante, What The Fav, Venezuela, China, Marruecos, Cuba y las joyas de 1,3 millones que componen el expediente judicial y político del expresidente.
La documentación mercantil y los mensajes intervenidos a Koldo permiten reconstruir una secuencia de consultoría, acceso político y expansión patrimonial. El paralelo con el expediente de Zapatero/Plus Ultra muestra un problema más amplio sobre la monetización del acceso de antiguos altos cargos, pero no acredita una trama común.
Roberto Roselli declara ante el juez José Luis Calama que la aerolínea destinó el 1% del rescate público de 53 millones a Julio Martínez Martínez por presuntas gestiones vinculadas a la ayuda y sostiene que el denominado «Grupo Zapatero» adelantó que el rescate sería aprobado. Zapatero niega haber intervenido y no está acreditado qué gestión concreta habría realizado.
En marzo de 2001, el congreso del USFP marroquí señaló a Ceuta, Melilla y Chafarinas como territorios que debían abordarse con los socialistas europeos y citó al PSOE como interlocutor prioritario. Nueve meses después, José Luis Rodríguez Zapatero viajó a Rabat en plena crisis diplomática y ambas formaciones firmaron un convenio de cooperación. La existencia del canal está documentada; la aceptación por el PSOE de la reivindicación territorial marroquí no.
Veintidós años separan los atentados de Madrid y la crisis de Ceuta, y no hay pruebas de que respondan a una misma operación. Sí existe, en cambio, un patrón institucional documentable: amenazas que crecen a la vista del Estado, información fragmentada entre organismos, respuestas que no escalan a tiempo y una relación con Marruecos que después de cada crisis adquiere todavía más peso.
