Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre Retornos.
La Guardia Nacional Republicana detalla sus actuaciones entre octubre de 2023 y agosto de 2026. Un aviso de abandono voluntario no equivale a una expulsión ejecutada.
El Gobierno sitúa en torno a 9.000 las personas que permanecen en Ceuta; el Ejecutivo local eleva la estimación hasta 15.000. Más de 2.500 retornos se habrían producido solo en la última semana.
Los Veintisiete han aprobado la reforma europea de retornos. España votó en contra por sus dudas jurídicas sobre los centros de retorno en terceros países, mientras el PP critica la posición del Gobierno.
El último balance oficial permite medir la dimensión operativa de la crisis: 7.794 retornos voluntarios, 449 expulsiones, 3.220 triajes de adultos y 2.493 menores en el sistema de protección de Ceuta.
Ocho semanas después de la entrada masiva de julio, el Gobierno cifra en 6.791 los retornos voluntarios a Marruecos, 318 expulsiones y 2.321 menores filiados. La emergencia ya no es solo fronteriza: se ha convertido en un problema de tutela, identificación, capacidad de acogida y coordinación entre administraciones.
La Policía Nacional abre entre 70 y 80 procedimientos diarios, pero ninguno de los al menos 1.800 iniciados ha terminado todavía en una devolución ejecutada. El dato no significa que nadie haya salido de Ceuta: 5.300 personas han regresado voluntariamente y unas 300 han sido expulsadas por delitos o infracciones. El cuello de botella está en otra vía: el procedimiento individual que debe identificar, escuchar y resolver cada caso conforme a la ley.
Una carpa fotografiada en Ceuta exhibe el sello del Fondo de Asilo, Migración e Integración de la UE. La financiación es europea y la gestión del fondo es española. La ubicación de 16.000 m² en el Muelle de Poniente fue decidida por el Gobierno de España tras el rechazo del Consejo de Administración del Puerto.
