Noticias, análisis e investigaciones publicadas por El Estándar sobre VOX.
Los Comuns renuncian a presentar candidaturas en Girona, Lleida y Tarragona para favorecer al PSC; este se compromete a promover un senador autonómico propuesto por la formación de Ada Colau. El pacto se produce ante los acuerdos PP-Vox para el 29-N.
El acuerdo anunciado incluye la retirada del PP en Gipuzkoa, Girona y Tarragona y de Vox en Cádiz, Valencia, Castellón, Canarias y Baleares, con independientes propuestos por Vox en las listas populares.
Reconstrucción de los enfrentamientos en María Pita del 21 de octubre durante el acto de Santiago Abascal y de los criterios de seguridad que separan protesta legítima de agresiones.
El alcalde de Algeciras está citado el 23 de octubre en una causa por presunto delito contra la libertad sexual. Ayer declararon testigos; el regidor niega las acusaciones y anuncia que dejará la alcaldía el 25.
El instructor del Tribunal Supremo desestima un recurso de Vox y mantiene el levantamiento de las órdenes acordado el 6 de octubre. Critica la doctrina constitucional, sin dar por terminadas todas las actuaciones.
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El líder popular admite conversaciones para encontrar una fórmula de colaboración en la Cámara Alta antes del 29-N. Diferenciamos una negociación de un acuerdo electoral cerrado.
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El líder del PP tiene prevista para este lunes en Madrid la presentación de su «Contrato con España». Examinamos lo anunciado y las cuestiones aún pendientes sobre programa, fiscalidad y pactos.
El PSOE y distintas fuerzas de Frente Amplio acuerdan listas para más de cuarenta provincias el 29-N; Ceuta Ya! desmiente su adhesión. La estrategia puede cambiar el reparto de senadores.
La coalición Senado de Progreso obliga a PP y Vox a revisar estrategias por provincia. Abascal baraja no competir en algunas circunscripciones, pero no existe retirada general anunciada.
El Partido Popular confirma al alcalde de Badalona como cabeza de lista al Congreso por Barcelona para el 29-N. El reto: atraer electores sin descuidar el ayuntamiento.
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Doce concejales populares y cuatro de Vox promueven la sustitución de José Ignacio Landaluce por Jacinto Muñoz. Las denuncias por presuntas agresiones sexuales siguen pendientes de resolución judicial.
El barómetro de octubre da el 34% al PSOE, el 22,2% al PP y el 17,1% a Vox. Su estimación contrasta con otros sondeos y no puede confundirse con resultados electorales.
Santiago Abascal comparece con Jordan Bardella en el Mirador de Isabel II de Ceuta mientras se celebra el desfile oficial en Madrid. Discursos y propuestas atribuidos.
La justicia mantiene en disputa los efectos electorales de determinadas altas en el CERA. Iustitia Europa reclama más medidas y el Gobierno pide levantar la suspensión.
PP, Vox, CpM y el diputado no adscrito respaldan una resolución sobre Ceuta. Los socialistas votan en contra y alegan instrumentalización política, no rechazo de la soberanía española.
La magistrada del caso ferroviario agrupa cinco acusaciones populares. La asociación de víctimas y SEMAF rechazan perder representación independiente en esa figura procesal.
La crítica de Ortega Smith a la gestión de vivienda durante la etapa de Sánchez se contrasta con el Banco de España y el INE: 92.000 viviendas terminadas en 2025 y precios un 12,2 % más altos en el segundo trimestre de 2026.
La campaña electoral arranca con una brecha demoscópica profunda: 40dB y SocioMétrica sitúan al PP primero y a PP-Vox en mayoría, mientras el CIS mantiene al PSOE en cabeza.
El Congreso rechaza los dos decretos de vivienda tras una semana de acampada, presión social y escalada política. La protesta busca crecer hacia una huelga general mientras Ceuta continúa oficialmente bajo situación de interés para la Seguridad Nacional.
Yahya Yahya afirmó que los marroquíes derramarían «hasta la última gota de sangre» si Felipe VI visita Ceuta y Melilla, mientras su organización habla de movilizaciones pacíficas. La Razón atribuye a Abascal una acusación contra Sánchez por supuesto reclutamiento de yihadistas, sin pruebas en las fuentes consultadas.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo suspende cautelarmente el derecho de sufragio de los beneficiarios ya inscritos en el CERA y también las nuevas altas mientras no se acredite el supuesto de exilio. La medida seguirá vigente hasta que haya sentencia sobre el fondo y no revoca por sí misma la nacionalidad concedida.
